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Como el Tribunal Constitucional (TC) es un órgano político, elegido por políticos e integrado por políticos disfrazados de jueces, es imposible que sus decisiones se guíen por el Derecho. Los criterios decisorios son pura y simplemente de oportunidad política, según el juego coyuntural de mayorías. Tal evidencia perdura sin ser discutida institucionalmente, porque esa es precisamente su función, servir de último filtro de una justicia de por sí sometida y controlada por la cl