Los incendios y la crisis de la monarquía de partidos

Cada verano, cuando el monte arde comienza el mismo ritual político. Comparecen ministros, consejeros autonómicos, presidentes regionales, alcaldes y portavoces de partido. Todos hablan del clima. Todos hablan de la sequía. Todos hablan del viento y de las altas temperaturas. Nadie habla del Estado. Sin embargo, el incendio no es únicamente un fenómeno natural. Es, sobre todo, un fenómeno político.

Los incendios que este verano han asolado el centro de España no sólo han reducido a cenizas miles de hectáreas de bosque. Han iluminado, con la crudeza del fuego, la verdadera naturaleza del régimen político nacido de la Constitución de 1978. Cuando las llamas se extienden sin respetar fronteras administrativas, queda al descubierto la ficción sobre la que se sostiene el llamado Estado de las autonomías: la ilusión de que el interés general puede defenderse mediante diecisiete centros de poder enfrentados entre sí.

La respuesta inmediata del ecologismo político consiste en atribuir la catástrofe exclusivamente al cambio climático. Esa es la función de toda ideología: convertir una explicación parcial en una explicación absoluta. Que existan veranos más cálidos o períodos prolongados de sequía pertenece al ámbito de la ciencia. Que un incendio alcance dimensiones catastróficas pertenece al ámbito de la política.

La ecología puede explicar cómo se propaga un fuego. Puede medir la humedad del suelo, analizar la carga de combustible vegetal o describir el comportamiento de los ecosistemas. Pero no puede decidir quién limpia los montes, quién mantiene los cortafuegos, quién coordina los medios de extinción, quién planifica el territorio o quién responde cuando todo fracasa. Ahí termina la ciencia y comienza el gobierno.

Precisamente porque la ciencia termina donde comienza la decisión política, constituye un fraude intelectual presentar determinadas opciones de gobierno como si fueran deducciones obligadas de la ecología. La ecología es una ciencia; el ecologismo es una ideología. La primera describe la realidad; la segunda prescribe cómo debe organizarse la sociedad.

Toda ideología necesita una legitimación moral para ampliar el poder. En otros tiempos fue la raza, la clase o la religión. Hoy se pretende que lo sea el planeta. El procedimiento es siempre idéntico: una causa legítima se transforma en fundamento de una expansión ilimitada del poder administrativo. Quien discrepa deja de ser un adversario político para convertirse en un enemigo de la naturaleza.

Así, se confunde deliberadamente la ecología con el ecologismo para hacer pasar por verdades científicas lo que sólo son preferencias ideológicas. La ciencia puede demostrar que un monte abandonado favorece la propagación del fuego. Nunca podrá demostrar que una determinada organización del Estado o una concreta distribución del poder sean consecuencias necesarias de ese conocimiento.

Cuando la ideología se reviste de ecología nace una nueva religión civil, con sus dogmas, sus herejías y sus sacerdotes. El ciudadano deja de ser persuadido para ser moralmente disciplinado. Ya no se gobierna mediante la razón política, sino mediante la administración del miedo. Es algo a lo que los españoles están acostumbrados desde el famoso «ruido de sables», catalizador de la servidumbre de la monarquía de los partidos.

Mientras tanto, la realidad permanece inalterada. Los montes siguen abandonados. La despoblación rural continúa vaciando el territorio. Desaparecen agricultores, ganaderos y aprovechamientos forestales tradicionales que durante siglos actuaron como el mejor cortafuegos. Pero las administraciones multiplican observatorios, agencias, planes estratégicos y campañas de concienciación que aumentan la propaganda en la misma proporción en que disminuye la responsabilidad política.

La naturaleza no necesita ideólogos. Necesita gobernantes responsables. El bosque no arde por falta de conciencia ecológica, sino por exceso de irresponsabilidad política. Pero España hace tiempo que dejó de estar gobernada y pasó a estar regimentada.

Lo que existe no es un Estado políticamente organizado, sino una pluralidad administrativa de burocracias cuyo primer objetivo consiste en perpetuar su propia existencia donde nadie responde verdaderamente de nada. Las autonomías se presentaron como una descentralización del poder. Pero en realidad, han producido su multiplicación. Cada comunidad dispone de su administración, de su legislación, de su aparato político, de sus organismos públicos y de sus intereses presupuestarios. Lejos de acercar el poder al ciudadano, han creado nuevos centros de poder cuya supervivencia depende del crecimiento constante del gasto, de las competencias y de la influencia política.

Pero existe una consecuencia todavía más grave. La fragmentación institucional ha ido acompañada de la diversificación del propio poder político que continúa incontrolado como los propios incendios. Es una paradoja mortal: Sin separación de poderes, allí donde debería existir una dirección organizada aparece una lucha permanente entre facciones.

El incendio deja entonces de ser una tragedia nacional para convertirse en un episodio más de la guerra entre organizaciones partidistas. El Gobierno central acusa a determinadas comunidades autónomas de haber descuidado la prevención. Las comunidades responsabilizan al Estado de la insuficiencia de medios extraordinarios. Las autonomías gobernadas por partidos distintos utilizan el desastre para desgastar al Gobierno. El Gobierno aprovecha la emergencia para desacreditar la gestión de las administraciones regionales adversarias. Todos buscan un culpable. Nadie asume una responsabilidad.

Mientras el fuego avanza impulsado por el viento, las facciones avanzan impulsadas por las encuestas. Las llamas consumen bosques; los partidos consumen la confianza pública. El monte arde durante unos días. La propaganda arde permanentemente.

Esta es la esencia del Estado de partidos. Donde no existe representación política de los ciudadanos sólo existe representación de los aparatos. Los ministros no comparecen como depositarios del interés público, sino como dirigentes de una organización política. Los presidentes autonómicos tampoco actúan como responsables del bien común, sino como jefes territoriales de una maquinaria electoral. La coordinación desaparece sustituida por la competencia. La responsabilidad desaparece sustituida por la acusación recíproca. El gobierno desaparece sustituido por la propaganda.

El fuego posee una virtud pedagógica que la propaganda no puede ocultar. Las llamas no respetan fronteras autonómicas. No distinguen entre competencias exclusivas y compartidas. No conocen estatutos de autonomía. Sólo obedecen a las leyes de la naturaleza. Y precisamente por eso exigen la existencia de un verdadero poder político capaz de actuar con unidad, previsión y responsabilidad. La libertad política comienza allí donde termina la irresponsabilidad institucional.

Los incendios no han puesto en evidencia el fracaso de la política forestal. Han puesto en evidencia algo mucho más grave: que donde debería existir un Gobierno, existe una coalición transitoria de partidos; donde debería existir una Administración al servicio del interés general, existe una federación de burocracias rivales; y donde debería comparecer la responsabilidad, comparece siempre la propaganda. Las llamas acabarán extinguiéndose. La causa política que las convierte en catástrofes nacionales permanecerá mientras España continúe confundiendo el Estado con la suma de sus facciones y su gobierno con la administración de un reparto de poder entre partidos.