Crítica a la ilusión liberal de la partitocracia

El artículo de don Bernardo Rabassa publicado bajo el título Historias de mi vida liberal | Partitocracia española: cuánto cuesta el poder en 2026 constituye un documento de inestimable valor diagnóstico, no ciertamente por la solidez de su aparato conceptual —del que se halla enteramente desprovisto—, sino por la fidelidad casi clínica con que retrata la proverbial impotencia del liberalismo acomodaticio español. Representa el testimonio viviente de aquella franja doctrinaria y bienintencionada que, habiendo asistido en primera fila a los pactos de la Transición, jamás alcanzó a comprender la naturaleza ontológica del Estado, la esencia mecánica del poder ni la raíz profunda de la servidumbre voluntaria que aqueja a los pueblos cuando se les priva de la libertad política colectiva.

I. La pasividad del descuido

Conviene comenzar por el principio, donde el desliz de la memoria delata la ligereza del pensamiento. Don Bernardo afirma haber leído en 2009 un libro de Antonio García-Trevijano al que titula Ante la gran mentira. La torpeza no es baladí ni reducible a una mera errata de pluma. La obra capital del pensador republicano publicada en 1996 se titula, con exactitud gramatical y rigor, Frente a la gran mentira.

Estar «ante» la mentira denota una actitud contemplativa, resignada y pasiva, propia del espectador que asiste impasible al espectáculo de la falsedad sin comprometer en ello su alma ni su conducta. Situarse frente a la mentira es, por el contrario, un acto de insurrección moral e intelectual; es plantar cara al coloso de la propaganda estatal, blandir el machete del concepto desmitificador y trabar combate sin tregua contra la oligarquía. Quien ni siquiera acierta a recordar el frontispicio de la obra difícilmente habrá penetrado en el rigor de su teoría de la democracia, quedándose en la superficie de una lectura desatenta que confunde el descubrimiento de la libertad política con una queja de contabilidad presupuestaria.

II. La falacia del fracaso republicano y la traición de la Transición

Con esa condescendencia con que los conversos al consenso suelen juzgar la rectitud ajena, Rabassa sentencia que Trevijano «era un claro político democrático que fracasó como tal [...] era republicano y con eso se puede decir casi todo, ningún futuro le esperaba hasta su deceso». Esta afirmación confiesa, sin pudor, la bancarrota moral del pragmatismo de quienes aceptaron el pesebre monárquico instaurado por la dictadura franquista.

Llamar «fracaso» a la negativa irreductible a participar en la traición a la libertad colectiva es invertir la jerarquía de los valores cívicos. Don Antonio García-Trevijano fue, en efecto, el artífice supremo que unió a la Junta Democrática y a la Plataforma de Convergencia en la Platajunta (Coordinación Democrática) el 26 de marzo de 1976, creando por vez primera desde la Guerra Civil un bloque hegemónico en la sociedad civil capaz de imponer la ruptura democrática pacífica y la apertura de un período de libertad constituyente.

«La traición de la izquierda, pues no existe otra palabra en el vocabulario para calificar la cobardía y el oportunismo con los que sus dirigentes engañaron a sus bases militantes y al pueblo, está probada... La democracia fue sacrificada por sus padres putativos antes de que naciera, a sabiendas de que el parto sólo dependía de su voluntad de resistencia». (García-Trevijano, La servidumbre voluntaria, 1994).

Trevijano no fracasó: fue traicionado por las direcciones clandestinas del PSOE y del PCE (Felipe González y Santiago Carrillo), quienes, temerosos de la libertad creadora del pueblo y guiados por las cancillerías de Washington y Bonn (el pacto Kissinger-Brandt), prefirieron el plato de lentejas de la legalización particular, las cuotas en el Estado y la financiación pública, antes que arriesgar sus prebendas en unas elecciones constituyentes libres. Decir que por ser republicano «ningún futuro le esperaba» es confesar la cobardía del lacayo que se mofa del hombre libre porque éste no viste la librea del palacio.

III. El liberalismo desertor

Refiere asimismo don Bernardo dos episodios personales: su desencuentro en el Ateneo de Madrid —donde Trevijano se negó a hablar tras leer el discurso de Rabassa— y su posterior reunión en Somosaguas, de la que concluye que «nada resultó de esa cita con un hombre sumamente inteligente pero muy pagado de sí mismo».

Trevijano jamás toleró la farsa ni el adorno de salón. En el Ateneo no hubo vanidad herida, sino la negativa insobornable a participar en una comedia donde el liberalismo doctrinario se utilizaba como inocua anestesia de las conciencias mientras en la trastienda se ultimaba la entrega del Estado a las oligarquías partidistas. En Somosaguas, lo que se frustró no fue un intento de «enderezar la Transición», sino la ingenua pretensión de Rabassa de que la causa de la república constitucional se rebajara a componenda de pasillo con los restos del naufragio ucedista.

El propio Rabassa se vanagloria de haber renunciado en 1977 a su escaño por Alicante en el Centro Democrático para dedicarse a sus empresas privadas. He ahí el perfecto compendio del liberalismo español: un movimiento de notables que, a la primera oportunidad, desertó del espacio público para refugiarse en el negocio particular, dejando el campo del Estado enteramente expedito a la voracidad de las maquinarias burocráticas de partido. No fue un error de carrera: fue la defección histórica de la burguesía civil ante el leviatán estatal.

IV. La vulgaridad crematística

El núcleo del artículo de Rabassa sucumbe a la más burda reducción del problema político: convertir la tragedia de la tiranía oligárquica en una disputa de contabilidad presupuestaria. Toda su diatriba se consume en desgranar cifras: las subvenciones ordinarias a los partidos, las dietas de los parlamentarios, los miles de euros en tarjetas de taxi, los cientos de asistentes del Congreso o las retribuciones del Senado.

La libertad política no es una cuestión de precio ni de contabilidad presupuestaria, sino de estructura formal del poder. Un tirano austero y frugal que no gaste un solo maravedí de las arcas públicas no deja por ello de ser tirano. El Estado de partidos no es condenable porque sea caro, sino porque es una oligarquía sin representación de la sociedad civil ni separación de poderes.

Esa indigencia doctrinal es el clásico vicio del yavalismo que denunciara don Antonio: creer que la degradación moral de las instituciones se resuelve recortando los gastos de representación o exigiendo probidad funcionarial a los administradores. Ya nos enseñó Montesquieu en El espíritu de las leyes (Libro XI, Cap. IV) que:

«Es una experiencia eterna que todo hombre que tiene poder se inclina a abusar del mismo; él va hasta que encuentra límites... Para que no se pueda abusar del poder hace falta que, por la disposición de las cosas, el poder detenga al poder» (1748).

La corrupción del sistema no nace de los sueldos parlamentarios ni de las dietas de kilometraje; nace del hecho institucional de que el poder del Estado no está dividido ni frenado por ningún contrapoder social, y de que los partidos, en lugar de ser asociaciones privadas de la sociedad civil que vivan exclusivamente de las cuotas de sus afiliados, se han incrustado en el Estado como órganos del poder público, subvencionados por el erario y dotados del monopolio de la acción política.

V. El engaño de las «listas abiertas» y la farsa proporcional

Como todo liberal timorato ante las exigencias de la democracia formal, Rabassa concluye su alegato proponiendo como gran remedio «listas más abiertas, mayor responsabilidad de los representantes, límites al gasto político e independencia de las instituciones de control».

Proponer «listas abiertas» dentro del sistema de escrutinio proporcional es una soberana majadería o una colosal hipocresía. En el sistema proporcional de listas (sean estas cerradas o abiertas, como demostró la experiencia italiana y la del propio Senado español), el votante no elige a un representante: se limita a ratificar una cuota de poder estatal para las cúpulas de los partidos. Las listas abiertas son un mero engaño cosmético que no altera en un ápice la relación de dominación del jefe de partido sobre el diputado.

Para que exista representación política de la sociedad civil, es condición sine qua non la implantación del sistema mayoritario uninominal a doble vuelta en circunscripciones pequeñas (distritos de aproximadamente 100 000 electores), donde un solo candidato sea elegido por mayoría absoluta de sus conciudadanos, ante los cuales responda personalmente mediante mandato imperativo y revocable. Sólo así el diputado deja de ser un empleado a sueldo del jefe de filas, se convierte en centinela y portavoz de la sociedad civil frente al poder del Estado.

VI. La separación de poderes en origen: Presidencialismo frente a parlamentarismo

Ignora asimismo Rabassa la diferencia sustantiva entre la separación de poderes y la mera separación de funciones. En la monarquía de partidos española no hay separación de poderes: el poder ejecutivo nace de las entrañas del legislativo, confundiéndose ambos en la persona del jefe del partido mayoritario o de la coalición gobernante, quien a su vez designa por cuotas a los integrantes del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional.

Frente a esta monstruosidad totalitaria del Estado de partidos, la república constitucional establece la separación en origen de los poderes del Estado:

1. Elección directa y separada del presidente de la república (poder ejecutivo) por sufragio universal de toda la nación a doble vuelta, obteniendo una legitimidad electoral independiente del poder legislativo.

2. Elección directa y separada de la asamblea de representantes (poder legislativo), en distritos uninominales por mayoría a doble vuelta, encargada en exclusiva de elaborar las leyes y fiscalizar los presupuestos del Ejecutivo.

3. Independencia de la Justicia, cuyo gobierno no puede ser designado por los partidos ni por el Parlamento, sino elegido en su totalidad de abajo hacia arriba por el propio cuerpo de magistrados, jueces y todos los profesionales del mundo del derecho.

4. Expulsión de los partidos del Estado: Los partidos deben volver a ser asociaciones voluntarias de la sociedad civil —debe estar rigurosamente prohibida su financiación pública o estatal—, viviendo únicamente de las aportaciones de sus afiliados.

Conclusión

La alternativa que España necesita no consiste en «abaratar» la partitocracia ni en hacerla más virtuosa mediante prédicas de moralina o reformas contables. Una oligarquía no se regenera: se destruye. La causa del malestar y de la corrupción no reside en la inmoralidad particular de los políticos, sino en la inmoralidad consustancial a las reglas de un sistema que consagró el continuismo del poder sin control.

Frente a las quimeras del liberalismo acomodaticio de don Bernardo Rabassa, la única tarea digna de espíritus libres no es reformar la monarquía de partidos desde el servilismo de las urnas amañadas, sino organizar la abstención consciente de la sociedad civil para abrir un período de libertad constituyente que culmine en la república constitucional y la instauración de la auténtica democracia política.