Ceuta y Melilla: pecado original de la monarquía de partidos

El error más extendido al considerar la situación de Ceuta y Melilla consiste en aceptar el lenguaje con el que el propio poder describe los hechos. Allí donde el Gobierno habla de presión migratoria, de incidentes fronterizos o de dificultades diplomáticas, la realidad política muestra otra naturaleza completamente distinta. No existe una crisis de inmigración. Existe una crisis del régimen. Y toda interpretación que no parta de esta premisa está condenada a confundir los efectos con las causas.

Los fenómenos políticos no nacen de acontecimientos aislados. Son la manifestación visible de estructuras de poder que permanecen ocultas mientras la normalidad impide percibirlas. Sólo cuando aparece una situación límite se hace evidente aquello que durante años permanecía encubierto por la propaganda institucional. Ceuta y Melilla constituyen precisamente uno de esos momentos privilegiados en los que la realidad desmiente el relato oficial.

Ningún Estado digno de tal nombre improvisa su política exterior. La continuidad constituye su primera condición por el propio carácter de permanencia de dicha estructura política (lo stato, lo que perdura). Esto es así porque los intereses permanentes de una nación no cambian al ritmo de las mayorías parlamentarias ni de las necesidades electorales de los gobiernos. Cuando la política exterior deja de responder a intereses nacionales para convertirse en instrumento de conservación del régimen, deja de ser política para transformarse en administración de la debilidad.

Marruecos no actúa impulsado por emociones ni por reacciones coyunturales. Actúa conforme a una estrategia perfectamente identificable, cuya constante histórica consiste en intensificar sus reivindicaciones territoriales cada vez que España atraviesa un período de incertidumbre institucional. No es casualidad que las mayores presiones sobre Ceuta, Melilla o el Sáhara Occidental hayan coincidido con momentos de especial fragilidad del poder español. La llamada Marcha Verde fue posible porque España había dejado de actuar como Estado. La coyuntura actual responde a la misma lógica política: un Gobierno debilitado, una posición internacional nada sólida y una percepción exterior de que España carece de una voluntad política capaz de sostener una estrategia continuada.

Pero sería un error atribuir esta situación exclusivamente al Gobierno de turno. Los gobiernos pasan; el régimen permanece. La causa profunda reside en la propia naturaleza del régimen político nacido de la Transición. Allí donde el poder no procede de la libertad constituyente, sino del reparto oligárquico entre organizaciones partidistas, desaparece la posibilidad misma de una política nacional. Los partidos ocupan el Estado, administran instituciones cuya legitimidad deriva de acuerdos internos del régimen y no del ejercicio de la libertad política colectiva.

Así debe entenderse la política seguida durante décadas respecto de Marruecos. Se la presenta como una política de buena vecindad cuando, en realidad, ha consistido en la permanente subordinación de los intereses nacionales a las necesidades de estabilidad de la monarquía de partidos. El precedente del Sáhara Occidental continúa proyectando sus efectos. El abandono del territorio no respondió únicamente a circunstancias internacionales; respondió también al interés prioritario de consolidar una restauración monárquica aceptable para las potencias decisivas del momento. Aquella decisión enseñó a Marruecos que la perseverancia estratégica encontraba enfrente un poder incapaz de mantener una posición fundada exclusivamente en el interés nacional.

La consecuencia inevitable ha sido la desaparición de una política exterior propiamente española. En su lugar sólo existe una sucesión de respuestas tácticas, determinadas por la conveniencia inmediata de quienes ocupan el poder. Se negocia por necesidad; se cede para ganar tiempo; se confunde la prudencia con la falta de decisión, y la diplomacia con la ausencia de estrategia. Un Gobierno puede cometer errores; lo que no puede permitirse es carecer de criterio permanente.

Por ello, la cuestión de Ceuta y Melilla trasciende por completo el ámbito fronterizo. Lo que allí se pone a prueba no es únicamente la capacidad de controlar un perímetro territorial, sino la existencia misma de las instituciones del Estado como personalidad jurídica de la nación. Las fronteras no son simples líneas geográficas. Cuando un Estado transmite que su voluntad depende de las circunstancias internas de su régimen, deja de ser percibido como una potencia estable y comienza a ser tratado como un poder negociable.

La verdadera cuestión, por tanto, no consiste en determinar cuál debe ser la respuesta inmediata a la presión marroquí, sino en preguntarse por qué España continúa ofreciendo, una y otra vez, la imagen de un país cuya política exterior depende de la conservación de un régimen antes que de la defensa de la nación. Mientras esa contradicción permanezca intacta, cada crisis será presentada como un accidente cuando, en realidad, constituye la manifestación necesaria de una causa mucho más profunda: la inexistencia de una democracia formal capaz de separar el Estado de los intereses oligárquicos que lo ocupan.