Ceuta y la Fiscalía

La sustracción del reparto del asunto al fiscal ordinario para su atribución al fiscal jefe de la Audiencia Nacional en la investigación de los sucesos de Ceuta tiene menos importancia por lo que cuenta que por lo que revela.

Un informe policial, cuya existencia se mantuvo reservada, apunta a una operación organizada en la frontera y a la intervención de agentes marroquíes. La jueza instructora ha defendido la reserva del documento dentro de una investigación judicial. El Gobierno ha protestado por no haber tenido conocimiento de él. Y ahora el fiscal jefe de la Audiencia Nacional asume personalmente las diligencias por la singularidad y trascendencia del asunto.

Los hechos deberán ser probados, las responsabilidades deberán ser determinadas por los tribunales, pero hay una responsabilidad que no necesita investigación policial porque está a la vista de todos: la responsabilidad institucional de un régimen de poder en el que la Fiscalía depende del poder político.

La democracia no consiste en que los gobernantes sean votados. Eso es solamente el principio de su legitimidad. La democracia política exige algo más: que el poder que gobierna encuentre frente a sí otros poderes capaces de limitarlo. Sin esa limitación, las votaciones sirven para cambiar a los ocupantes del poder, pero no para impedir su abuso.

En España se han llamado separación de poderes e independencia judicial a una distribución administrativa de funciones. El Gobierno gobierna, las Cortes legislan y los jueces juzgan. Pero si quienes gobiernan intervienen en la selección de quienes han de controlarlos, la separación deja de ser una realidad política para convertirse en una ficción jurídica. Y la Fiscalía ofrece el ejemplo más evidente.

La Constitución somete al Ministerio Fiscal a los principios de legalidad e imparcialidad, pero también al de dependencia jerárquica. El fiscal general del Estado es nombrado a propuesta del Gobierno. No hay que demostrar una conspiración para descubrir la contradicción.

Quienes abordan esta cuestión desde la perspectiva partidista cometen siempre el mismo error. Preguntan si el actual fiscal es independiente. Mañana preguntarán si lo es el siguiente. Después acusarán de politización al fiscal nombrado bajo un Gobierno de signo contrario. Así se perpetúa el engaño. Pero la cuestión no es la virtud privada del funcionario, sino la estructura pública que determina su posición.

Una Constitución no puede confiar la libertad a la honradez de los gobernantes ni a la independencia moral de los funcionarios. Debe impedir jurídicamente que puedan utilizar el poder contra la libertad. No se construye una democracia para los buenos gobernantes. Se construye para impedir que los malos gobernantes puedan convertirse en dueños del Estado.

Si hay una razón elemental por la que la independencia de la Fiscalía importa es porque el fiscal acusa y el Gobierno puede ser objeto de investigación. Luego, en determinadas circunstancias, quien depende jerárquicamente de una institución cuya cúspide tiene un origen gubernamental puede encontrarse llamado a actuar en asuntos que afectan a quienes gobiernan. Y una institución esencial para la defensa de la legalidad no puede estar construida de manera que el ciudadano tenga que confiar en que sus titulares resistirán las influencias del poder. La independencia que depende de la voluntad del independiente no es independencia institucional. Es una virtud personal.

Por eso, la noticia adquiere una dimensión que supera el caso concreto. El Gobierno no puede dirigir una investigación penal, ni aun de forma indirecta, porque el principio elemental de toda justicia es que nadie puede controlar el procedimiento destinado a juzgar sus propios actos.

Aquí aparece el problema que no quieren discutir los partidos. El Estado de partidos no necesita abolir formalmente la independencia judicial. Le basta con ocupar las instituciones que la hacen posible. No necesita ordenar a un juez qué sentencia debe dictar. Le basta con intervenir en la selección de los órganos que administran la carrera judicial, en la composición de las instituciones y en el nombramiento de las autoridades que participan en la Administración de Justicia. No necesita destruir la apariencia de independencia.

Así se mantiene intacta la imagen de limpieza mientras el poder real permanece concentrado. No obstante, los partidos gobiernan, los partidos legislan, los partidos participan en la designación de instituciones que deberían controlarlos. Y después llaman separación de poderes al resultado.

La materia gobernada vota partidos, pero no controla nada después de votar. Durante la legislatura, el diputado queda sometido a la disciplina de partido y el Gobierno domina la mayoría parlamentaria, de modo que la representación política se transforma en representación de las organizaciones partidistas. Y las instituciones que deberían servir de contrapeso terminan siendo objeto de negociación entre esas mismas organizaciones. Por eso, el problema de la Fiscalía no es una cuestión corporativa: es una cuestión de libertad política.

Si se quiere una Fiscalía verdaderamente independiente, no basta con cambiar el procedimiento de nombramiento del fiscal general: hay que romper la relación de dependencia política. Si se quiere una Justicia verdaderamente independiente, no basta con exigir que los jueces sean imparciales: hay que separar la organización del vulgarmente llamado poder judicial de los partidos. Y si se quiere una democracia verdadera, no basta con votar cada cuatro años: hay que establecer una relación de representación y control del poder que permita al ciudadano recuperar la condición de sujeto político y no quedar reducido a ratificador periódico. Mientras eso no ocurra, la alternancia de partidos no modificará la naturaleza del régimen.

Por eso, el caso de Ceuta debería servir para algo más que para enfrentar una vez más al Gobierno con la oposición. Debería servir para mirar debajo de la superficie: ¿puede existir Justicia independiente cuando quienes gobiernan conservan capacidad para intervenir en la estructura de quienes deben perseguir los delitos? Si la respuesta sigue siendo afirmativa, estaremos confundiendo Estado de derecho con Estado legal o, más precisamente, con República de Leyes (Adams).

Una ley puede ser perfectamente legal y, sin embargo, mantener una estructura de poder incompatible con la libertad política. Esa es la cuestión que el caso de Ceuta vuelve a poner delante de nuestros ojos. No hace falta acusar a nadie de haber dado una orden. No hace falta demostrar una conspiración. No hace falta convertir una noticia judicial en una guerra partidista. Basta con mirar la Constitución y preguntarse dónde está la prerrogativa de decir no al poder.

Y mientras la Fiscalía siga formando parte de una estructura jerárquica cuya cúspide mantiene una conexión institucional con el Gobierno, el control judicial del poder será papel mojado. Esa, y no otra, es la cuestión que Ceuta pone ahora sobre la mesa.