La condena del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, anunciada precipitadamente por el Tribunal Supremo antes de que la sentencia estuviera redactada, constituye un episodio que desnuda —con la crudeza habitual— los mecanismos de poder del Estado de partidos. No es un simple asunto penal, sino una pieza más en la arquitectura política que gobierna la Justicia en España. El espectáculo no puede sorprender a quien conozca las dinámicas internas de este sistema, pero s