El Decreto Ley 8/2021 atribuyó a los Tribunales Superiores de Justicia competencia objetiva para que decidan, antes de su aplicación, si las medidas restrictivas de derechos que adoptaran las comunidades autónomas para combatir la actual crisis sanitaria son proporcionadas, sometiendo su resolución a una suerte de casación exprés ante el Tribunal Supremo. De esta forma se culminaba la atribución de una nueva función a la facultad judicial que excede de la propia resolución de