El reciente dictamen del abogado general de la Unión Europea, avalando la compatibilidad de la Ley de Amnistía con el derecho comunitario, sólo ha sorprendido a quienes, pese a los reiterados golpes de la realidad, persisten en refugiar su frustración política en un europeísmo providencialista que jamás ha respondido a sus expectativas. Porque quienes esperaban que Bruselas —esa vasta maquinaria burocrática al servicio de los gobiernos de los Estados miembros— acudiera en su

La petición de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado para que el juez Pablo Llarena aplique la amnistía a Carles Puigdemont no es un mero movimiento procesal, sino una estrategia orquestada por el poder político —que domina a ambas— y que es contraria al propio ser de su intervención en la causa: la supuesta defensa del erario público, y la exigible postulación del interés público. Desde la aprobación de la Ley de Amnistía ambas instituciones han operado al unísono, como un

Con una policía judicial dependiente y a las órdenes de la justicia, el espectáculo veraniego de Puigdemont habría sido imposible. Sin auténtica policía judicial, la actuación judicial contra los delitos de la clase política o de quienes están en la órbita de sus intereses está condenada al fracaso. Nadie en su sano juicio puede considerar siquiera la posibilidad de que los mandos policiales nombrados por el Ministerio del Interior o por los ejecutivos autonómicos, y adscrito