Un magistrado se enfrenta a un expediente disciplinario por redactar una sentencia usando una herramienta de inteligencia artificial. Se trata de un hecho que no es constitutivo de una simple conducta reprochable técnicamente, sino que describe, en realidad, un síntoma: el de una Justicia que se confunde sobre su propia naturaleza. El Magistrado —ponente de una sentencia en un tribunal colegiado— decidió encargar a ChatGPT la redacción de una resolución judicial. No solo eso:

Continuando con las «anomalías» del sistema que impiden la independencia de la Justicia, y si bien la eliminación del Tribunal Constitucional (TC) contribuye decisivamente al avance de esta última, tal medida por sí sola resulta insuficiente. A la atribución de competencia sobre la materia constitucional a los juzgados y tribunales ordinarios, deben sumarse otras, que a modo de guía sintética y por su utilidad —pese al detrimento de calidad periodística— son las siguientes:

En un movimiento que más que jurídico parece puramente político, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado —por unanimidad, dicen— que la pasada huelga de jueces «no tiene sustento legal». Lo ha hecho con la solemnidad con la que acostumbran los órganos burocráticos cuando pretenden dar apariencia de legalidad a una decisión que en realidad nace de la obediencia política, no del Derecho. Conviene recordar, porque parece que el tiempo lo borra y la prensa lo ben