La derivación a sede judicial de la convalidación de medidas sanitarias de competencia autonómica supone un acto de irresponsabilidad a lo Poncio Pilatos de toda una clase política que descarga en la judicatura la aplicación de decisiones que a ellos les correspondería tomar y asumir. Si añadimos al guiso la dependencia judicial de esa misma clase política, las lógicas protestas de quienes son legos en la materia, por mucho derecho que supieran, quedan en agua de borrajas. Lo