La colaboración con la Justicia no debe depender del clima político del momento ni de cálculos de oportunidad institucional. Sin embargo, en España sucede lo contrario: las decisiones judiciales y fiscales que afectan a la clase política pasan antes por el filtro del poder que por el estricto cumplimiento de la ley. Las instrucciones trasladadas desde la Fiscalía General del Estado al fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, para evitar una rebaja sensible de condena a Ví

El último proyecto de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal ha traído un dilatado debate entre detractores y partidarios. Empero, a la hora de evaluar las cuestiones de fondo y las causas de la dependencia institucional de la Justicia y, por ende, del Ministerio Público, la sociedad en general y los tertulianos opinadores en particular no son conscientes —o prefieren no serlo— de cómo el poder político subyuga al denominado poder judicial, profundizando en el so

El nuevo proyecto de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal no es, como pretenden sus redactores, una simple modernización o adaptación a los nuevos tiempos. Es, en esencia, la puntilla a la ya inexistente independencia del Ministerio Fiscal, cuyo sometimiento al ejecutivo lleva años intensificándose, y que con esta reforma se convierte, ya sin tapujos, en el brazo ejecutor de la voluntad política del Gobierno de turno en la Justicia. Su impulso obedece a dos raz