La noticia de la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero ha sido recibida por muchos con un entusiasmo casi infantil. De inmediato, los voceros del régimen y sus ingenuos creyentes han salido a proclamar que, si un expresidente del gobierno puede ser imputado, entonces en España existe independencia judicial. Tal razonamiento no sólo es falso: constituye una prueba más del efecto anestesiante de la monarquía de los partidos. La independencia judicial no se demuestra con au

A propósito del accidente ferroviario de Adamuz La decadencia de la vida pública española no se manifiesta solo en la corrupción de las costumbres, sino —más gravemente— en la corrupción de los conceptos. Uno de los más prostituidos es el de responsabilidad. Cada vez que ocurre una tragedia colectiva, como el accidente ferroviario de Adamuz, el Estado de partidos reacciona con un reflejo automático: abrir una investigación judicial o una comisión parlamentaria sobre el suceso

En cualquier democracia, la responsabilidad política puede ser detectada y es exigida con independencia de que existan o no responsabilidades penales. Se trata de una consecuencia esencial de la separación de poderes, de la existencia de representación y de la independencia judicial. En España, al no existir ninguna de estas, la frontera entre responsabilidad penal y política se ha difuminado hasta hacer indistinguible lo jurídico de lo político. La figura de Pedro Sánchez, r