¿A quién sirve una administración pública en el Estado de partidos? La pregunta puede parecer retórica. Constitución y leyes, estatales y autonómicas, no se cansan de repetir el mantra de que la Administración sirve a los «intereses generales». Así, por ejemplo, el artículo 103 de la carta otorgada de 1978: «La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración