La petición de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado para que el juez Pablo Llarena aplique la amnistía a Carles Puigdemont no es un mero movimiento procesal, sino una estrategia orquestada por el poder político —que domina a ambas— y que es contraria al propio ser de su intervención en la causa: la supuesta defensa del erario público, y la exigible postulación del interés público. Desde la aprobación de la Ley de Amnistía ambas instituciones han operado al unísono, como un

«Después del informe de la UCO, la confianza del gobierno en su fiscal general es aún mayor» (Pedro Sánchez Pérez-Castejón, presidente del Gobierno de España [20-12-24]). «¿La fiscalía de quién depende? ¿De quién depende? ―Del gobierno―. Pues ya está» (Pedro Sánchez Pérez-Castejón, presidente del Gobierno de España [6-11-19]). La anunciada aprobación en el primer trimestre de 2025 de la reforma de la instrucción penal para sustraerla a los jueces y entregarla a los fiscales,

Feijoo se reunió el pasado 18 de abril con la Asociación de Fiscales, de corte conservador, para plantear sus planes de futuro en el Gobierno. Nada nuevo bajo el sol, sino simple paso previo a la futurible novación del cargo del fiscal general del Estado como marioneta del ahora candidato. Lo que se llama tomar posiciones. Lo verdaderamente grave es que ya se tomen estas cosas como parte del juego político, cuando el ordenamiento jurídico español define al fiscal como neutral