El ordenamiento jurídico español define al fiscal como neutral defensor del interés público. Al contrario que en el sistema norteamericano, en que se configura como acusador (el estado de Arkansas contra el ciudadano Smith, por ejemplo) en España su estatuto orgánico le obliga a mantenerse en el fiel de la balanza, siendo su deber, si se aprecian circunstancias que objetivizan la inocencia del reo o la atenúan, ponerlas de manifiesto en el proceso, e interesar su libre absolu

La administrativización de la Justicia es consecuencia directa de su falta de independencia. Su excesiva burocratización deviene de la necesidad de un control político de tal intensidad, que afecta incluso a la actividad de los profesionales de libre ejercicio que intervienen en el proceso judicial. Si el sometimiento de la Jurisdicción (Jueces, Letrados de la Admón. de Justicia, Fiscales…) a la clase política a través de órganos rectores elegidos por ésta resulta de una e

La última reforma del Art. 351 f) de la Ley Orgánica del Poder Judicial consensuada por TODOS los grupos parlamentarios permitió a los miembros de la judicatura y fiscalía que desempeñaran cargos políticos que regresaran a sus puestos conservando su salario, antigüedad (trienios incluidos) y progresión en el escalafón. Entre los primeros acogidos a esta medida estaban Juan Ignacio Zoido (antes Alcalde de Sevilla, hoy Ministro de Interior, y antes Juez, del PP), José Luis Ras