En un movimiento que más que jurídico parece puramente político, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado —por unanimidad, dicen— que la pasada huelga de jueces «no tiene sustento legal». Lo ha hecho con la solemnidad con la que acostumbran los órganos burocráticos cuando pretenden dar apariencia de legalidad a una decisión que en realidad nace de la obediencia política, no del Derecho. Conviene recordar, porque parece que el tiempo lo borra y la prensa lo ben