En el entramado institucional del Estado de partidos, donde la separación de poderes no es más que un espejismo funcional, la figura del Defensor del Pueblo se alza como un emblema de la contradicción. Nacida para garantizar los derechos de los ciudadanos frente a los abusos de la administración, esta institución se encuentra, paradójicamente, atrapada en la misma maraña de dependencia política que pretende denunciar. Es imposible analizar su papel sin advertir cómo su razón

¿Qué constituye una constitución? El Estado no, pues únicamente lo ordena delimitando sus función en lo político. Tampoco la nación, pues esta es previa incluso a su existencia. Cabe preguntarse entonces cuál es el papel de cualquier texto legal que reclame ser una constitución. La respuesta es sencilla: La finalidad de la constitución es transformar la potencia estatal en poderes políticos separados en origen. Ya el artículo XVI de la Declaración de Derechos del Hombre y del

Otra institución objeto del actual mercadeo de los partidos estatales es el Defensor del Pueblo. Junto con los vocales del Consejo General del Poder Judicial, los magistrados del Tribunal Constitucional y los miembros del Consejo de Administración de la televisión pública se incluye en el pasteleo de designación a quien haya de ocupar este cargo de defensor. El Defensor del Pueblo no es más que un adorno institucional de esta monarquía de poderes inseparados. Ni defiende nada