El ordenamiento jurídico español define al fiscal como neutral defensor del interés público. Al contrario que en el sistema norteamericano, en que se configura como acusador (el estado de Arkansas contra el ciudadano Smith, por ejemplo) en España su estatuto orgánico le obliga a mantenerse en el fiel de la balanza, siendo su deber, si se aprecian circunstancias que objetivizan la inocencia del reo o la atenúan, ponerlas de manifiesto en el proceso, e interesar su libre absolu