Continuando con las «anomalías» del sistema que impiden la independencia de la Justicia, y si bien la eliminación del Tribunal Constitucional (TC) contribuye decisivamente al avance de esta última, tal medida por sí sola resulta insuficiente. A la atribución de competencia sobre la materia constitucional a los juzgados y tribunales ordinarios, deben sumarse otras, que a modo de guía sintética y por su utilidad —pese al detrimento de calidad periodística— son las siguientes:

En anteriores ocasiones, he analizado cómo una superestructura burocrática como es la Unión Europea impide la actuación libre de la justicia española. Si una unión política no consigue que las decisiones de los órganos de los países miembros sean inmediatamente ejecutivas sin excepción en otro Estado de esa organización, todo lo demás sobra. Y si así es hacia el exterior, también ad intra la organización estatal de las comunidades autónomas contribuye a anudar sus lazos de de

Para la independencia judicial y su separación en origen del resto de poderes del Estado es indispensable que la Justicia elabore y disponga de su propio presupuesto. Y es que no puede existir independencia orgánica ni funcional sin independencia económica. Esto únicamente se puede conseguir con efectivo equilibrio de los tres poderes clásicos mediante la elaboración de dicho presupuesto por un Consejo de Justicia también separado en origen. Este órgano elevaría la correspond