En condiciones normales, la salida a una crisis política en democracia debería ser el resultado de la activación de mecanismos constitucionales para corregir esa situación. No es el caso de Venezuela, donde la Constitución vigente y la autoridad constituida responden a los intereses de una camarilla que ha tomado por asalto el poder, sin intención de devolverlo. La Constitución chavista de 1999, tan venerada por dirigentes “opositores”, no contiene las fórmulas ni las previs