El reciente dictamen del abogado general de la Unión Europea, avalando la compatibilidad de la Ley de Amnistía con el derecho comunitario, sólo ha sorprendido a quienes, pese a los reiterados golpes de la realidad, persisten en refugiar su frustración política en un europeísmo providencialista que jamás ha respondido a sus expectativas. Porque quienes esperaban que Bruselas —esa vasta maquinaria burocrática al servicio de los gobiernos de los Estados miembros— acudiera en su

Solo los desconocedores de cómo se establece la relación de poder político en España podían esperar otra cosa. Más de doscientas páginas, votos particulares aparte, para consumar en la primera de las más de treinta sentencias que vendrán por otros tantos recursos pendientes, algo tan previsible como infame, la conversión de una operación política espuria en Derecho positivo: la validación de la Ley de Amnistía (LOANCat), transformando una transacción partidista en acto jurídi

La petición de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado para que el juez Pablo Llarena aplique la amnistía a Carles Puigdemont no es un mero movimiento procesal, sino una estrategia orquestada por el poder político —que domina a ambas— y que es contraria al propio ser de su intervención en la causa: la supuesta defensa del erario público, y la exigible postulación del interés público. Desde la aprobación de la Ley de Amnistía ambas instituciones han operado al unísono, como un