La petición de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado para que el juez Pablo Llarena aplique la amnistía a Carles Puigdemont no es un mero movimiento procesal, sino una estrategia orquestada por el poder político —que domina a ambas— y que es contraria al propio ser de su intervención en la causa: la supuesta defensa del erario público, y la exigible postulación del interés público. Desde la aprobación de la Ley de Amnistía ambas instituciones han operado al unísono, como un