Votar a la contra

En esta monarquía de los partidos, el sistema electoral proporcional de listas de partido ha producido una paradoja que debería llamar la atención de cualquiera que se tome en serio la representación política: los gobernados votan, pero no eligen; y, cada vez con mayor frecuencia, no votan a favor de alguien, sino a la contra de algo.

Se nos repite que cada convocatoria electoral permite al pueblo expresar su voluntad. Que los ciudadanos eligen a sus representantes. Que las urnas son la manifestación de la soberanía popular. Pero basta examinar el significado real del voto para descubrir una realidad diferente.

El elector no elige a la persona que habrá de representarlo. Ratifica una lista confeccionada por un partido. Los partidos seleccionan a los candidatos, los ordenan y determinan quiénes tienen posibilidades de obtener un escaño. El votante solo puede aceptar o rechazar el conjunto que se le ofrece. Por tanto, la selección se produce antes de que el elector vote.

Pero demos un paso más allá: cuando llega el momento de votar, el gobernado se encuentra ante una paradoja todavía mayor: muchas veces tampoco vota por aquello que ratifica, sino contra aquello que no quiere. Hay una diferencia fundamental entre votar a favor y votar a la contra. El primer acto nacería de una voluntad positiva: «quiero ratificar esta lista que me ha confeccionado la cúpula de un partido». Pero, como se trata de una voluntad inconsciente, la mayoría de las veces, nace del mero rechazo reflejo: «no quiero que ganen los otros», «no quiero que vuelva aquel Gobierno», «no quiero que llegue aquella oposición», «cualquier cosa antes que ellos». Y esta segunda forma de votar se ha convertido en una pieza fundamental del funcionamiento de la monarquía de partidos.

La llamada al voto útil lo demuestra con especial claridad. El votante puede intuir que no hay representación alguna en escoger entre listas, pero termina votando a una de ellas porque considera imprescindible impedir la victoria de otra. No elige nada, escoge la lista que considera necesaria para derrotar al que teme. No vota por una opción, vota contra una amenaza. Y ahí aflora la paradoja, porque el adversario se convierte en el verdadero objeto del voto.

Esta transformación psicológica tiene consecuencias políticas mucho más profundas de lo que parece. Si una parte considerable del electorado vota para impedir que gane el adversario, el verdadero protagonista de la elección deja de ser el candidato propio. Es el adversario. El partido no necesita convencer al ciudadano de que su lista merece ser escogida. Le basta con convencerlo de que la otra es peor. La campaña electoral deja entonces de ser fundamentalmente una competición entre proyectos y se convierte en una lucha por activar el rechazo. La diferencia es decisiva. En una elección positiva, el ciudadano concede un mandato. En una ratificación negativa, intenta impedir un resultado. En el primer caso, deposita confianza. En el segundo, miedo.

El voto a la contra no surge por casualidad. Es la consecuencia lógica de un circuito en el que es imposible elegir individualmente representantes y en el que la competencia política se organiza alrededor de partidos. Cuando el elector no puede decir «quiero que esta persona sea mi representante», su relación con la política queda desplazada hacia las siglas. Y ante el saber subconsciente de que ninguna sigla suscita suficiente confianza, el votante busca la que pueda impedir la victoria de aquella que más rechaza. Cuando ocurre esto, el sistema electoral deja de producir una verdadera expresión positiva de la voluntad ciudadana. Produce una suma de rechazos.

La teoría del mal menor constituye quizá la expresión más desnuda de esta situación. «No me gusta este partido, pero el otro es peor». ¿Cuántas veces se pronuncia esta frase antes de unas votaciones? Millones de personas pueden terminar depositando una papeleta que no representa su verdadera preferencia, sino una segunda preferencia, esta vez defensiva. Votan aquello que creen que puede impedir el resultado que no quieren. El elector se ve obligado a transformar su voluntad en estrategia.

Así, el llamado voto útil contiene una contradicción en su propio nombre. Es «útil» para derrotar a alguien, pero completamente inútil para expresar aquello que el elector realmente desea. Pero cuando el elector no puede escoger directamente a su representante y, además, utiliza su voto principalmente para impedir que triunfe otro partido, el sufragio pierde su naturaleza de mandato positivo y se convierte en mero rechazo. Y un régimen construido esencialmente sobre el rechazo produce una clase gobernante que es el resultado de la suma de aversiones existentes entre los votantes.

Se ratificará la voluntad de poder de un partido no porque una mayoría de ciudadanos quiera realmente que suba al poder, sino, peor aún, porque suficientes gobernados consideran que la alternativa es peor. La diferencia no es pequeña. Un partido puede obtener la cuota proporcional suficiente, bien en solitario, bien con pactos de espaldas a los votantes y, sin embargo, no existirá mandato positivo alguno equivalente a esa mayoría.

El problema se agrava porque el elector ni siquiera puede individualizar su decisión. En un sistema de listas de partido, el ciudadano no selecciona al diputado, sino que vota una candidatura. No puede separar al candidato que considera honrado del que considera incompetente. No puede premiar a uno y castigar a otro. No puede establecer una relación personal de representación. La dirección del partido confecciona la lista y el elector la acepta o la rechaza.

Podemos encontrarnos con unas votaciones en las que millones de ciudadanos acudan libremente a las urnas y, sin embargo, la mayoría vote movida fundamentalmente por el rechazo. «Que no gane el otro». Esa frase resume una concepción negativa de la política. La política deja de ser la búsqueda de aquello que se quiere realizar y se convierte en la lucha permanente contra aquello que se quiere impedir.

Los partidos descubren entonces que les resulta más rentable movilizar el miedo que conseguir la confianza. Es más fácil convencer a una persona de que debe impedir una catástrofe que persuadirla de que una lista merece realmente su confianza. Y así, cada campaña electoral se transforma en una sucesión de advertencias: si ganan ellos, ocurrirá esto; si llegan al poder, sucederá aquello; si vuelven ellos, perderemos esto otro. El adversario se convierte en el argumento principal para obtener el voto propio.

No debe extrañarnos, entonces, que los votantes manifiesten simultáneamente dos sentimientos aparentemente contradictorios: desconfianza hacia los partidos y fidelidad electoral a uno de ellos. Es el círculo perfecto del régimen: el elector no encuentra un representante, pero necesita escoger una lista para evitar que gane aquella que considera peor. El gobernado no elige a su representante y, ante esa imposibilidad, acaba utilizando el voto principalmente para influir en qué partido debe impedir que gobierne el otro.