Un análisis criminológico de la corrupción política: el aprendizaje social

Uno de los correlatos más importantes y mejor establecidos en criminología es la tendencia de los delincuentes a asociarse y relacionarse con otros delincuentes. Sobre esta observación se asienta la teoría de la asociación diferencial de Edwin Sutherland, cuyo origen resulta tan singular como revelador. En 1935, Henry McKay telefoneó a Sutherland para advertirle de que había formulado una teoría criminológica sin haberse percatado de ello. Sorprendido, Sutherland le preguntó a qué teoría se refería. McKay le remitió a las páginas 51 y 52 de la segunda edición de Principles of Criminology (1934), donde el propio Sutherland había expuesto, sin desarrollar todavía sus implicaciones teóricas, los fundamentos de lo que acabaría convirtiéndose en una de las explicaciones más influyentes de la conducta delictiva.
En 1939, Sutherland formuló expresamente la teoría de la asociación diferencial. Su planteamiento rompía con las explicaciones tradicionales que atribuían la delincuencia a condiciones patológicas o características individuales del infractor: el delito, como cualquier otra conducta, se aprende mediante procesos de interacción y comunicación con otras personas, especialmente en aquellos entornos donde las pautas criminales se encuentran presentes y son socialmente aceptadas. El principio fundamental de la asociación diferencial establece que una persona se convierte en delincuente cuando, en sus relaciones con otros individuos, predominan las definiciones favorables a la infracción de la ley sobre aquellas que la desaprueban.
Nadie nace sabiendo. Una persona no nace sabiendo caminar, montar en bicicleta, hablar ni leer; tampoco sabe de física cuántica o biología molecular, ni ejercer la medicina. Todo ello se aprende mediante procesos de observación, interacción y comunicación con otras personas. Así, el individuo incorpora modelos criminales a través de los procesos ordinarios de socialización, del mismo modo que aprende otras formas de comportamiento socialmente aceptadas. En opinión de Sutherland (1940), la idea de que el comportamiento criminal se debe ya sea a la pobreza o a las condiciones psicopáticas o sociopáticas asociadas con la pobreza puede demostrarse como inválida. La conducta delictiva es, fundamentalmente, una conducta aprendida.
Sutherland ya había destacado la importancia del aprendizaje y de las relaciones personales en su obra The Professional Thief (1937), dedicada al estudio del ladrón profesional. Para convertirse en esta clase de delincuente no bastaba con tener la voluntad de serlo: era necesario disponer de la oportunidad de aprender el oficio mediante el contacto con quienes ya lo ejercían. Los delincuentes experimentados actuaban como mentores de los recién llegados, transmitiéndoles las habilidades, conocimientos y pautas de comportamiento necesarias para ejercer la actividad criminal. Trasladado al ámbito político, este planteamiento permite considerar que determinadas prácticas corruptas tampoco se improvisan necesariamente, sino que pueden requerir un aprendizaje progresivo dentro de redes de confianza donde se transmiten conocimientos, contactos y procedimientos para aprovechar las posiciones de poder.
Basándose en la teoría de la asociación diferencial, Sutherland (1949) trató de mejorar las explicaciones tradicionales de la delincuencia y de elaborar una teoría general que abordara toda clase de delitos, y no solo los cometidos por los delincuentes comunes. Esta es precisamente una de las grandes aportaciones de Sutherland a la criminología: la formulación del concepto de delito de cuello blanco (white-collar crime), para referirse a las conductas delictivas cometidas por personas de alta respetabilidad y estatus social en el ejercicio de su actividad profesional, demostrando que la criminalidad no es patrimonio de los sectores marginales, sino que también se encuentra entre quienes ocupan las posiciones más elevadas de la estructura social.
En su obra estudió los delitos cometidos por las grandes corporaciones y concluyó que las clases sociales que ocupaban posiciones de poder también violaban las normas legales; sin embargo, sus conductas no solían ser penalizadas y con frecuencia gozaban de impunidad. En efecto, la posición de poder blinda a los delincuentes de cuello blanco, entre los que se incluyen los políticos corruptos, de modo que rara vez son alcanzados por las normas penales. Ello se debe a tres factores: (1) su posición de dominio social; (2) la escasa efectividad de las normas sancionatorias dirigidas a este tipo de conductas, dado que las instituciones encargadas del control suelen mantener proximidad con este tipo de infractores; y, (3) la tendencia a recurrir a métodos no punitivos de control social frente a esta clase de criminales (López Zamora, 2020).
Los delincuentes de cuello blanco no son necesariamente individuos marginales, inadaptados o incapaces de desenvolverse conforme a las normas de convivencia. Muy al contrario, pueden ser personas perfectamente adaptadas a la vida en sociedad, con prestigio profesional, reconocimiento público y una posición privilegiada dentro de las instituciones. El político corrupto no tiene por qué presentar ninguna anomalía psicológica ni proceder de un entorno social desestructurado. Su conducta criminal puede ser aprendida en el seno de las mismas relaciones sociales y profesionales que le permiten desenvolverse con normalidad en las instituciones. La cuestión deja entonces de ser qué anomalía individual conduce a una persona al delito para preguntarse qué aprende, de quién lo aprende y en qué entorno social se desarrolla ese aprendizaje.
Este planteamiento criminológico fue posteriormente ampliado por Ronald Akers, quien incorporó a la propuesta de Sutherland diversos principios de la psicología conductista para formular su teoría del aprendizaje social. Según Akers (1998), el comportamiento delictivo puede explicarse mediante cuatro mecanismos fundamentales: (1) la asociación diferencial, referida a las relaciones que mantiene el individuo con personas o grupos que favorecen o desaprueban determinadas conductas; (2) las definiciones, entendidas como las actitudes, creencias y valoraciones que justifican o rechazan la infracción de las normas; (3) el refuerzo diferencial, que comprende las recompensas y castigos, reales o esperados, asociados a una conducta; y (4) la imitación, mediante la cual el individuo reproduce comportamientos observados en otras personas.
Akers (1998) también desarrolló un modelo de aprendizaje social a nivel macro o agregado (Social Structure and Social Learning), con el propósito de relacionar los procesos individuales de aprendizaje con las condiciones estructurales del entorno. Este modelo contempla cuatro dimensiones: (1) la organización social diferencial; (2) la localización diferencial en la estructura social; (3) las variables estructurales definidas por otras teorías criminológicas; y (4) la localización social diferencial. Desde esta perspectiva, las características de una organización o de un sistema social pueden influir en la frecuencia, intensidad y naturaleza de las relaciones mediante las cuales se aprenden las conductas delictivas.
Aplicados al análisis de la corrupción política, estos planteamientos permiten comprender por qué determinadas prácticas corruptas pueden llegar a considerarse normales dentro de organizaciones donde su ejercicio se encuentra suficientemente extendido. Richard Nixon llegó a afirmar que «si lo hace el presidente, significa que no es ilegal». Cuando un individuo accede a un entorno político en el que los favores personales, el aprovechamiento de los recursos públicos o la utilización de las influencias institucionales forman parte de las prácticas habituales, puede terminar asimilando esas conductas como comportamientos propios del ejercicio del poder. No necesita haber desarrollado previamente una inclinación criminal: basta con que los modelos de comportamiento que encuentra a su alrededor favorezcan la transgresión y que su incorporación al grupo implique la aceptación de determinadas reglas informales. Así, incluso quien inicialmente accede a la política sin propósito alguno de enriquecerse ilícitamente puede terminar participando en prácticas que antes habría considerado reprobables. A través de contactos diferenciales, el individuo no solo aprende cómo se abusa del poder, sino también las justificaciones que le permiten hacerlo sin considerarse a sí mismo un corrupto.
El caso de Iñaki Urdangarin resulta especialmente ilustrativo. Antes de contraer matrimonio con la infanta Cristina era un deportista de élite, reconocido por sus éxitos con la selección española de balonmano y ajeno a los negocios y crímenes del poder. Su incorporación a la familia real le abrió las puertas de un mundo de relaciones, influencias y privilegios que difícilmente habría conocido de otro modo. Años después, terminó condenado por malversación, prevaricación, fraude, tráfico de influencias y dos delitos contra la Hacienda Pública. Cabe preguntarse si Urdangarin habría seguido el mismo camino de no haberse emparentado con la Corona. Tal vez su desgracia fuera haber entrado en un entorno donde determinadas conductas formaban parte de la vida cotidiana, pero sin gozar de las inmunidades, fueros y prerrogativas que protegían a quienes le habían abierto las puertas de aquel mundo de poder y privilegios.
En sinarquías políticas fuertemente jerarquizadas, donde los nuevos integrantes no solo aprenden las normas formales que regulan su funcionamiento, sino también las reglas informales que determinan qué comportamientos son aceptados, recompensados o sancionados, la participación en la producción rutinaria y sistemática de casos de corrupción se convierte en hábito. Cuando un cargo público obtiene beneficios económicos o políticos mediante prácticas irregulares y, lejos de recibir un castigo, conserva su posición de poder, su conducta puede convertirse en un modelo susceptible de imitación. La ausencia de consecuencias negativas opera entonces como un refuerzo de la conducta desviada, mientras que la concesión de cargos políticos, funciones públicas y puestos prebendarios puede servir como recompensa a la fidelidad y contribuir a consolidar estas prácticas.
En tales circunstancias, un sistema político que incentiva o permite las prácticas corruptas acaba sufriendo un proceso de degradación semejante al de un tumor: la corrupción crece, se extiende y va cooptando progresivamente todas las instituciones. Su propagación, además, no siempre deja rastros visibles en los registros contables, lo que dificulta su detección y puede conducir a investigaciones costosas, infructuosas o mal dirigidas en la búsqueda de los verdaderos responsables. El coste económico y social de la corrupción puede alcanzar proporciones extraordinarias, incluso superiores al del conjunto de la delincuencia común. Concretamente, un estudio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) reportó un coste social de la corrupción de aproximadamente 40000 millones de euros anuales, a precios constantes de 2008 (ULPGC, 2013).
A mayor abundamiento, entre las consecuencias de este deterioro puede producirse un éxodo de políticos honestos, provocado por el conflicto entre sus principios morales y las prácticas corruptas que observan o se ven obligados a tolerar. Este estrés moral afectará especialmente a quienes mantienen convicciones éticas firmes, para quienes la permanencia en semejante entorno puede resultar insoportable. Por el contrario, quienes se sienten cómodos con el ejercicio de prácticas corruptas no experimentan ese conflicto y, lejos de encontrar motivos para abandonar la organización, pueden hallar en ella mayores oportunidades de permanencia y promoción. De este modo, la organización no solo transmite determinados modelos de comportamiento, sino que puede terminar favoreciendo la continuidad de quienes mejor se adaptan a ellos. Es el fenómeno que Pedro Manuel González (2025) denomina «selección inversa en los partidos políticos», mediante el cual las estructuras partidistas pueden propiciar que los individuos menos escrupulosos alcancen las posiciones de mayor influencia, y explica por qué en la política española medran casi siempre los peores.
En definitiva, la conducta corrupta de la casta política que integra el régimen del 78 puede surgir de procesos de asociación diferencial, aprendizaje e imitación. Cuando las definiciones favorables a la transgresión predominan sobre las contrarias, las recompensas superan a los castigos y los modelos corruptos alcanzan posiciones de autoridad, el aprendizaje criminal puede adquirir un carácter acumulativo y reproducirse dentro del propio sistema político. La corrupción deja entonces de depender exclusivamente de la voluntad de determinados individuos y encuentra en las relaciones personales, las jerarquías partidistas y las estructuras institucionales los mecanismos necesarios para su transmisión y perpetuación.
_edited_edi.png)
Interesante.