Un análisis criminológico de la corrupcion política: la teoría de las ventanas rotas

A mediados de la década de 1970, diversos estudios criminológicos comenzaron a vincular el desorden físico y social con los sentimientos de inseguridad experimentados por una comunidad. Se observó que la actividad delictiva tendía a concentrarse en aquellos entornos donde el abandono social era más acusado. Así, si en una determinada población se rompía un vidrio y este no era reparado, el comportamiento se reproducía con rapidez. La ausencia de respuesta frente a estas manifestaciones iniciales de desorden generaba un sentimiento de impunidad que favorecía la comisión de conductas progresivamente más graves. El desorden producía un retraimiento colectivo que, a su vez, incrementaba la delincuencia, dando lugar a un círculo vicioso de conductas antisociales y delictivas.

A partir de estas observaciones se formuló la conocida teoría de las ventanas rotas, cuyo planteamiento central consistía en intervenir de manera temprana frente a las pequeñas formas de vandalismo o delincuencia. La idea fundamental radicaba en corregir los problemas en su fase inicial, actuando sobre lo aparentemente menor para evitar que derivara en fenómenos delictivos de mayor entidad. Pero esta teoría no se limita al ámbito de la delincuencia común, sino que resulta igualmente aplicable —y con especial relevancia— al análisis de la delincuencia asociada al ejercicio del poder político. La corrupción sigue una lógica acumulativa similar a la del pequeño vandalismo: comienza con prácticas informales o favores aparentemente menores, evoluciona hacia conductas de mayor entidad y, una vez normalizada dentro del sistema, puede desembocar en infracciones graves sostenidas en el tiempo.

Esto permite plantear que, desde la Transición, los delitos de corrupción no han operado únicamente como anomalías episódicas, sino que se han convertido en un auténtico factor de gobierno (Antonio García-Trevijano). Numerosos casos ilustran esta realidad: prácticas de financiación irregular, corrupción urbanística —que ha contribuido de forma significativa al actual problema de acceso a la vivienda—, adjudicaciones discrecionales de contratos públicos a grandes empresas, o el fenómeno de las puertas giratorias, entre otros. Estas prácticas se han visto, además, reforzadas por el uso recurrente de la figura del indulto, heredera de la prerrogativa de gracia de las monarquías absolutas del Antiguo Régimen, que en no pocas ocasiones ha contribuido a normalizar la corrupción y a dificultar su prevención efectiva.

En este contexto, el daño que produce el uso del indulto neutraliza la realidad de las funciones preventivas del derecho penal. Asimismo, esta institución atenta contra el principio de legalidad, porque supone un retorno a épocas históricas en las que la legalidad penal y el Estado de derecho no tenían vigencia, por lo que el derecho penal del momento era pura arbitrariedad. Si el mismo poder que condena es el que ostenta la facultad de indultar, dicha prerrogativa resulta coherente dentro de su lógica interna —el monarca acumulaba el poder ejecutivo, legislativo y judicial—. Sin embargo, cuando la potestad jurisdiccional corresponde a un poder distinto, el indulto quiebra el principio de separación de poderes. Además, al tratarse de un acto jurídico de marcado contenido político ejercido por el poder ejecutivo, enerva el principio de unidad jurisdiccional, y, con ello, los mecanismos de control recíproco entre poderes.

La ausencia de mecanismos de control del poder político ha favorecido la consolidación de la impunidad como pauta habitual. La acumulación de grandes fortunas de origen opaco hace buena la célebre frase atribuida a Balzac, según la cual «en el origen de toda gran fortuna se halla un crimen». No obstante, este fenómeno no puede explicarse únicamente desde la conducta individual de los actores políticos, sino también desde la actitud de tolerancia social que lo rodea. En este sentido, una parte de la ciudadanía llega a defender o justificar a los políticos implicados en prácticas corruptas, desarrollando una identificación simbólica con ellos. Como señaló Leibholz, «todos los crímenes y corrupciones de los partidos estatales son crímenes y corrupciones del pueblo que los vota», no por una representación efectiva, sino por un sentimiento identitario de pertenencia.

En esta línea, la conocida afirmación de Lacassagne, según la cual las sociedades tienen los criminales que se merecen, resulta particularmente ilustrativa. La tolerancia electoral frente a la corrupción y la ausencia de exigencia de responsabilidad política generan, en último término, gobiernos acordes con ese nivel de permisividad. El respaldo reiterado a representantes implicados en prácticas corruptas transmite un mensaje implícito de normalización e impunidad.

Desde la perspectiva del control social, el sentimiento de impunidad percibido ante pequeños actos vandálicos favorece una escalada de conductas violentas en la comunidad, como consecuencia de la ausencia de reproche efectivo. Un fenómeno análogo puede observarse en la corrupción política: su persistencia no parece explicarse únicamente por la existencia de individuos corruptos, sino también por la debilidad o insuficiencia de mecanismos independientes de vigilancia y sanción. La impunidad se correlaciona con el incremento de la delincuencia del mismo modo que la ausencia de separación de poderes conduce, de forma sistemática, a la corrupción.

La teoría de las ventanas rotas pone de manifiesto que los procesos de degradación comienzan con pequeñas transgresiones no corregidas. En el ámbito político, cada acto de corrupción impune constituye una ventana rota que evidencia la debilidad del sistema de control. Mientras los partidos mantengan una posición dominante sobre las instituciones, mientras no exista una separación efectiva de poderes ni una auténtica representación política, la impunidad tenderá a reproducirse, y cada ventana rota del sistema político seguirá multiplicándose en un edificio cuya degradación resulta cada vez más difícil de revertir.