Lo verídico y lo falso

Existe una forma particularmente insidiosa de fraude político que no necesita falsificar documentos, inventar acontecimientos ni mentir abiertamente sobre el pasado. Le basta con apropiarse de sus nombres. Consiste en fundar una organización nueva, ponerle el nombre de otra que tuvo existencia histórica, adoptar sus siglas, invocar a sus fundadores y presentarse ante la opinión pública como heredera de una tradición cuya legitimidad, prestigio y autoridad moral usurpa. Es una operación de parasitismo histórico que permite adquirir, mediante la apariencia de continuidad, aquello que no se ha conseguido mediante la acción, el pensamiento o la trayectoria propios.
La cátedra anglosajona, especialmente preocupada por el derecho de marcas, ha denominado este fenómeno political brand hijacking. En síntesis, lo describe como el secuestro de una marca política histórica para apropiarse de su capital simbólico. La operación es tan sencilla como eficaz. En lugar de construir una identidad política propia, se ocupa una identidad ajena. En lugar de acreditar una trayectoria, se exhibe la de otros como si fuera propia. En lugar de demostrar lealtad a unos principios, se presume de una genealogía. El nombre sustituye al pensamiento; las siglas, a la conducta; la memoria, a la realidad.
Pero una denominación histórica no es un título de propiedad sobre el pasado. Y mucho menos una patente de legitimidad política. Las organizaciones políticas no son simples asociaciones de individuos que comparten una denominación. Son realidades históricas construidas mediante ideas, sacrificios, decisiones, enfrentamientos, victorias y derrotas. Su identidad no reside exclusivamente en sus estatutos copiados ni en sus siglas, sino en la continuidad de una determinada voluntad política.
La legitimidad histórica no se transmite por una operación registral, una modificación estatutaria o una declaración fundacional. El procedimiento de apropiación suele seguir un patrón reconocible: se identifica una organización que goza de prestigio histórico, se recupera su denominación, se seleccionan los episodios más convenientes de su trayectoria y se presenta la nueva organización como su continuación natural. Se evita, naturalmente, explicar el fracaso que llevó a la desaparición previa, las contradicciones y las diferencias sustanciales que separan a los antiguos de los nuevos. El resultado es un vano intento de legitimación por asimilación: no se demuestra que se poseen los méritos de los antecesores, sino que se pretende que esos méritos acompañen automáticamente al nombre.
El universo falangista presenta una manifestación de este fenómeno. Tras la desaparición del régimen franquista, diferentes organizaciones comenzaron a reivindicar las denominaciones, los símbolos y la herencia falangista. Falange Española de las JONS, Falange Española Independiente, Falange Auténtica y otras expresiones organizativas han mantenido distintas interpretaciones sobre la identidad de aquel constructo ideológico. Con el carlismo pasó algo parecido, también con el anarquismo histórico. Incluso las siglas del republicanismo azañista llegaron a juicio.
La multiplicación de organizaciones que se consideran herederas de una misma tradición demuestra precisamente que el nombre no resuelve el problema de la identidad. Cuando varias organizaciones reclaman simultáneamente la misma herencia, la cuestión deja de ser quién posee las siglas y pasa a ser qué representa cada una, qué continuidad acredita y qué contenido político defiende. El pasado no puede convertirse en una franquicia que cada grupo explota según sus conveniencias.
Otro caso significativo, solo por reciente, es el de la autodenominada y nueva Junta Democrática de España. La Junta Democrática fundada el 29 de julio de 1974, bajo el impulso de Antonio García-Trevijano, fue una iniciativa política de extraordinaria importancia en la oposición al franquismo. No nació como una asociación. Fue concebida como un instrumento de acción política unitaria que aglutinaba distintas estructuras organizativas (partidos clandestinos incluidos) destinado a promover la ruptura democrática con el régimen franquista.
Su significación histórica residía principalmente en una concepción de la acción política que aspiraba a superar la subordinación de la oposición al calendario y a las condiciones establecidas por el propio régimen. La Junta Democrática no era simplemente un nombre. Era una estrategia, una voluntad de ruptura y una concepción de la acción hacia una democracia que obedecía a un momento de oportunidad muy concreto.
La Junta Democrática terminó disolviéndose el año 1976, en un contexto de profundas divergencias entre las fuerzas que habían participado en ella y de abandono de la estrategia de ruptura por parte de algunos de sus integrantes. Su existencia pertenece, por tanto, a un periodo histórico determinado y a una experiencia política concreta.
La organización que recientemente ha desenterrado la denominación nada tiene que ver con aquella realidad. Sus actuales responsables reivindican expresamente la fundación originaria de 1974 y el pensamiento de Trevijano, mientras que su principal promotor, fundador y primer presidente llegó incluso a manifestar públicamente su voluntad de fundar un partido para presentarse a los comicios generales, en abierta contradicción con la filosofía de la acción del granadino.
Sin embargo, una organización histórica no puede ser resucitada políticamente mediante la simple recuperación de su denominación. Porque si el nombre se esgrime públicamente, pero el motivo fundacional es distinto; si se invoca al fundador, pero se altera el sentido de su pensamiento; si se utiliza el prestigio de la experiencia histórica sin una continuidad sustancial con ella —que su mismo creador rechazó por fenecida y fracasada, fundando un instrumento contemporáneo novedoso para la acción (MCRC), al que sistemáticamente se le copian principios, acciones, iniciativas, estética y contenido—, estamos ante una operación de apropiación simbólica que merece ser examinada críticamente.
La Junta Democrática de 1974 no puede reducirse a un antecedente prestigioso que cualquier organización posterior pueda incorporar a su patrimonio propagandístico. Y Antonio García-Trevijano no puede convertirse en un recurso de legitimación para proyectos cuya lealtad a sus ideas debe juzgarse por sus actos, el rigor de sus posiciones y sus propuestas.
Estos ejemplos conducen a una misma conclusión. La política española ha conocido demasiadas organizaciones que han pretendido resolver sus problemas de identidad apropiándose de la memoria ajena. Se confunde deliberadamente la continuidad nominal con la continuidad histórica, la coincidencia simbólica con la coherencia doctrinal y la reivindicación de unos antecesores con la posesión de sus méritos. Es una forma de capitalización política sin inversión intelectual ni sacrificio histórico.
El procedimiento tiene una ventaja evidente: permite comenzar una trayectoria nueva presentándose como si fuera histórica. El nombre aporta una notoriedad que no se ha conquistado; las siglas proporcionan un reconocimiento que no se ha merecido; se toma una autoridad que los nuevos refundadores y dirigentes no han demostrado poseer.
Pero también tiene un inconveniente: tarde o temprano, la realidad termina desmintiendo la apariencia. Una organización puede cambiar de nombre sin cambiar de principios. Puede conservar su nombre después de haber cambiado todos sus principios. Puede reivindicar una tradición sin pertenecer realmente a ella. Y puede incluso utilizar la memoria de una personalidad histórica para legitimar exactamente lo contrario de aquello que esa personalidad defendió. La cuestión no es qué pasado reclama, sino qué continuidad puede demostrar.
La historia no es una propiedad privada de las organizaciones que sobreviven ni un patrimonio disponible para quienes llegan después. Es un legado colectivo cuya interpretación exige rigor, honestidad y conocimiento.
Quien quiera fundar una organización política tiene perfecto derecho a hacerlo. Pero nadie tiene derecho intelectual a convertir la acción ajena en un mérito propio. Las siglas no hacen a la organización. El nombre no acredita la legitimidad. La memoria no sustituye a la doctrina. Y la invocación de los muertos no demuestra la fidelidad de los vivos.
En política, como en cualquier otra actividad humana, la reputación puede heredarse como recuerdo, pero la autoridad moral debe conquistarse mediante la conducta. Lo contrario es vivir de una historia que no se ha protagonizado, invocar unos principios que no se practican y utilizar el prestigio de los antepasados para ocultar la pobreza del presente.
Es, en definitiva, la usurpación de la memoria como sucedáneo de la legitimidad.
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Me parece una exposición muy certera, sobre todo en cómo desnudas esa estrategia de apropiación simbólica.
Se utiliza el prestigio de Trevijano, incluso copiando sus giros y expresiones habituales en cada intervención, como un atajo o falacia de autoridad para revestirse de una legitimidad que no se corresponde con la acción política real.
Mi total reconocimiento por el texto. Un cordial saludo
Vivimos tiempos dorados para la impostura. Aparentar, mentir, disfrazarse... todo menos la Verdad.