El reformismo tramposo

Hay una contradicción fundamental en la pretensión de constituir un partido reformista para coadyuvar la abstención activa. Y no es solo una contradicción táctica, ni una diferencia de matices, ni una cuestión de oportunidad política. Es una contradicción de principios que afecta directamente a la naturaleza de la acción política y a la finalidad misma de la libertad.

Quien pretende combatir la partitocracia mediante la creación de otro partido acepta, desde el primer momento, las reglas del sistema que dice combatir. Quien aspira a deslegitimar una representación política oligárquica mediante la participación en sus mecanismos electorales termina legitimando aquello que pretendía impugnar. Y quien se propone despertar la conciencia de la libertad política mediante una organización cuyo horizonte es la reforma confunde la libertad con la administración de la servidumbre.

El reformismo es la enfermedad infantil de toda oposición que ha renunciado a la ruptura. No se puede conquistar la libertad política a través de los instrumentos de su negación. No se puede construir una democracia representativa estando en las instituciones de una oligarquía de partidos. No se puede transformar un régimen de poder mediante la incorporación de nuevas fuerzas a los mecanismos que garantizan su continuidad.

El problema no reside en que los partidos existentes sean malos, corruptos o estén dirigidos por personas moralmente deficientes. El problema es institucional. Es el propio régimen el que produce la oligarquía, porque concentra en las direcciones de los partidos la selección de los legisladores y gobernantes y convierte la representación política en una delegación de poder desde arriba.

El reformismo es la perpetuación del régimen bajo apariencia de cambio. Pero ninguna oligarquía crea voluntariamente las condiciones institucionales de su propia desaparición. Su error consiste en confundir la actividad política con la conquista del poder y la conquista del poder con la conquista de la libertad. La oposición reformista se convierte así en una oposición integrada.

Hay que establecer, sin embargo, una distinción fundamental. Que los actores del régimen actúen conforme a la lógica de la partitocracia puede ser políticamente censurable, pero resulta, al menos, comprensible: son sus beneficiarios, sus protagonistas y quienes encuentran en sus mecanismos la razón de su existencia política.

Lo verdaderamente inadmisible es que quienes se proclaman contrarios al régimen, quienes denuncian la ausencia de libertad política y dicen trabajar por la democracia, terminen proponiendo exactamente los mismos instrumentos y reproduciendo las mismas prácticas. Al menos en los partidos de la situación existe una coherencia, aunque sea la coherencia de quienes defienden un sistema oligárquico. En los reformistas aparece una contradicción que resulta mucho más perjudicial para la causa de la libertad, porque introduce la confusión entre quienes deberían estar aprendiendo a distinguir la democracia de la partitocracia.

Al presentarse como alternativa, pero utilizar los instrumentos y la lógica del régimen, los reformistas no solamente desvirtúan la oposición democrática: contribuyen a perpetuar la confusión política que permite la supervivencia del propio régimen de poder. No hay mayor servicio a una oligarquía que ofrecer a quienes desean salir de ella una nueva organización que, bajo una apariencia de ruptura, los devuelve a sus mismos mecanismos de funcionamiento.

Un partido reformista terminaría convirtiéndose en un obstáculo. Un partido tiene una lógica propia: necesita organización, dirección, militancia, programa, estrategia, financiación y, tarde o temprano, una relación con el poder institucional. La presión por adquirir relevancia, obtener visibilidad y ampliar su influencia tenderá a desplazar su objetivo original. La organización acabará preocupándose más por su supervivencia que por la causa que justificó su nacimiento. Y entonces sucederá lo inevitable: la abstención dejará de ser el principio rector para convertirse en un recurso de propaganda de la propia organización. La causa se subordinará al instrumento, la libertad se subordinará a la organización y la conciencia ciudadana se subordinará a la dirección política.

No necesitamos otra minoría organizada que pretenda hablar en nombre de los gobernados. Precisamente, lo que necesitamos es terminar con la usurpación de la representación política por las organizaciones que se arrogan el derecho de decidir por ellos. La abstención activa debe ser una corriente de conciencia política, no una nueva marca electoral.

Todo lo anterior sigue siendo válido aunque ese partido no recibiera un solo euro del Estado, aunque se financiara exclusivamente mediante aportaciones voluntarias de sus afiliados, aunque careciera de subvenciones públicas y aunque sus promotores fueran personas de una honradez personal intachable. Porque el problema no es económico, sino político. La cuestión no es quién paga el partido, sino qué relación establece con el poder.

La pureza de sus fuentes de financiación no modifica la naturaleza de su proyecto político. Por eso, argumentar que un partido reformista sería aceptable porque no recibiría dinero público supone confundir independencia económica con independencia política, dos cosas que no son equivalentes.

No se combate la partitocracia fundando una partitocracia más austera, más honrada o menos subvencionada. Tampoco se conquista la democracia mediante una organización que, aun siendo económicamente independiente, sigue aspirando a desenvolverse dentro de los mecanismos de legitimación del régimen.

El problema no es solo que el Estado financie a los partidos, que desde luego lo es. El problema principal es que la estructura del Estado de partidos impide la representación política. Y esto seguiría siendo cierto aunque todos los partidos renunciaran mañana a las subvenciones públicas.

La abstención activa no puede tener miedo a estar sola. Uno de los argumentos más frecuentes contra la abstención activa es su supuesta falta de eficacia. Se afirma que, mientras los ciudadanos se abstienen, otros ocupan las instituciones. Se dice que hay que estar presentes, que hay que disputar los espacios políticos, que no se puede dejar el campo libre a quienes gobiernan. Pero este argumento confunde la presencia institucional con la eficacia política.

No toda presencia es poder. No toda participación es libertad. El miedo a la irrelevancia lleva a muchos movimientos políticos a buscar reconocimiento dentro del sistema que pretenden superar. Y en esa búsqueda terminan diluidos sacrificando su razón de ser. La abstención activa no puede medir su éxito con los mismos indicadores que la partitocracia, tales como el número de afiliados, los votos obtenidos, los cargos conquistados o la presencia mediática.

Su medida es otra: la capacidad de extender una conciencia política que identifique la naturaleza del régimen y comprenda que la libertad no se recibe como concesión de los gobernantes, sino que se conquista mediante instituciones que permitan limitar y controlar el poder. La abstención activa no tiene que convertirse en una fuerza electoral para demostrar que existe. Tiene que convertirse en una fuerza de conciencia para demostrar que el régimen carece de legitimidad democrática.

Por tanto, crear un partido reformista para impulsar la abstención activa supone introducir en el movimiento de oposición democrática la misma lógica partidocrática que pretende combatir. Es querer combatir la enfermedad administrando una dosis de la misma sustancia que la produce.

La abstención activa debe preservar su independencia frente a cualquier tentación electoral, cualquier liderazgo que aspire a monopolizar su representación y cualquier proyecto que pretenda convertirla en plataforma de lanzamiento de una nueva élite política. No necesitamos una nueva organización que hable por los abstencionistas. Necesitamos que los abstencionistas hablen por sí mismos.

Porque la libertad política no se conquista solicitando un lugar en la oligarquía, sino negándose a reconocer como democracia aquello que no permite al ciudadano ser dueño de su propia representación. Y esa es la diferencia irreconciliable entre reformismo y ruptura democrática: el reformista quiere cambiar a quienes mandan; el demócrata quiere cambiar las condiciones que permiten que alguien mande sin estar verdaderamente controlado por los ciudadanos.

No importa que ese partido no reciba un solo euro del Estado. No importa que sus militantes actúen de buena fe. La contradicción permanece: no se puede combatir la partitocracia reproduciendo su instrumento fundamental. La libertad política no necesita otra oligarquía, aunque sea pequeña, austera y bienintencionada. Necesita ciudadanos libres.