El tahúr y la Corona

Las especulaciones periodísticas que en estos días ocupan la atención de gacetilleros y tertulianos cortesanos —entre las que destaca la hipótesis formulada recientemente por Juan Soto Ivars sobre una futurible maniobra de Pedro Sánchez para cuestionar la monarquía mediante un referéndum que abra en canal la Constitución— adolecen del vicio endémico que invalida todo el análisis político en España: tomar las gesticulaciones de los actores de la farsa por la mecánica íntima del poder.

Para desentrañar si ese horizonte constituye una quimera de casino provinciano o la trayectoria inexorable del régimen del 78 en su fase terminal, es imperativo elevar la mirada por encima de las anécdotas de pasillo y aplicar el bisturí de la ciencia política a la materia viva del Estado. La cuestión no reside en si un gobernante acorralado es capaz de cometer semejante temeridad, sino en desvelar la naturaleza exacta de la institución monárquica, la función parasitaria del Partido Socialista y las leyes históricas que rigen la descomposición de las oligarquías.

El rey como clave de bóveda

El punto de partida del error cortesano radica en atribuir a la Corona un poder o una autoridad que jamás ha poseído. Creer que Felipe VI arbitra o modera el poder político es una pueril superstición, desmentida a diario por los hechos más elocuentes. La monarquía del 78 no manda, no dirige y no frena absolutamente nada. El ocupante de la Zarzuela es un funcionario de lujo cuya única tarea real consiste en estampar su firma, sin vacilación ni pestañeo, al pie de cuantas aberraciones jurídicas, amnistías a delincuentes, cesiones territoriales o indultos le ponga delante el jefe del Ejecutivo.

Felipe de Borbón padece la misma tara genética y política que su padre, Juan Carlos: fue educado en el hábito servil de la obediencia al mando fáctico del Estado. Carece por completo del temple trágico y de la grandeza moral que se requerirían para dar un portazo, abdicar y no manchar su estirpe rubricando la demolición de la igualdad de los ciudadanos ante la ley. La Corona no controla al PSOE; es el PSOE, como administrador temporal de la maquinaria estatal, quien tiene atada a la monarquía a la pata de su mesa ministerial.

¿Por qué, entonces, hemos sostenido siempre que la Monarquía es la clave de bóveda del régimen del 78? En arquitectura, la clave de bóveda no sostiene el edificio por su fuerza motriz, sino por su posición geométrica: es la piedra central que cierra el arco, impidiendo que las dovelas se desplomen hacia el centro. En este régimen de partidos, la Corona es el cerrojo institucional que impide la apertura de la libertad política colectiva.

La monarquía garantiza la impunidad de la clase política, sacraliza el consenso originario entre los herederos de la dictadura y los tránsfugas de la oposición clandestina, y cubre con el armiño de la neutralidad institucional el reparto del botín presupuestario entre las baronías centrales y las oligarquías periféricas. Derribar esa piedra parecería, a ojos de cualquier observador ingenuo, un suicidio: derribar la techumbre que cobija al propio Partido Socialista.

El aventurero del «aquí y ahora»

Planteado en términos de alta lógica de Estado, socavar la Corona sería, en efecto, volarse la cabeza. Pero los aventureros de la política no se guían por la alta lógica del Estado, sino por el oportunismo descarnado del aquí y ahora.

Antonio García-Trevijano ha definido con rigor la categoría del «aquí y ahora». Es la inmediatez animal de quien no mira más allá del minuto siguiente con tal de conservar el coche oficial, el séquito palaciego y la servidumbre de los presupuestos. Pedro Sánchez es el arquetipo más depurado de la «mediocracia»: un individuo sin virtudes públicas, sin principios morales, sin cultura de Estado y sin la menor idea de lo que significa la dignidad de una nación histórica. Carece de la grandeza del estadista y de la convicción del revolucionario; es un tahúr de la necesidad ajena que opera en el estrecho margen que le dejan sus propias trampas.

Como enseñó Maquiavelo, cuando el príncipe carece de virtù y sólo persigue la conservación personal del mando, no vacila en sacrificar la estabilidad del propio principado a la conveniencia inmediata de su facción. Si Sánchez se ve acorralado —por el descrédito ante sus propios votantes, por la acción de los tribunales que cercan a su camarilla íntima y por el chantaje insaciable de sus socios de investidura—, recurrirá a cualquier expediente para no ser desalojado de la Moncloa. El aventurero acorralado no piensa en la pervivencia del régimen del 78 para la próxima década; piensa en sobrevivir al próximo martes.

Si para eludir la derrota electoral o la bancarrota política necesita arrojar la Corona a los leones de la demagogia, lo hará con la fría inconsciencia del parásito que prefiere matar al huésped del que se alimenta antes que soltar la presa.

La falacia del republicanismo socialista

Ahora bien, no se debe caer en la candidez de creer que las maniobras contra el rey responden a una pulsión republicana. ¡Qué disparate monumental! El PSOE abandonó cualquier vestigio de republicanismo en Suresnes en 1974, por mandato imperativo de la socialdemocracia alemana y las instrucciones del Departamento de Estado norteamericano, para pasar a ser un órgano estatal a sueldo del presupuesto público.

La clase política del 78 le tiene más pavor a una república que el propio monarca. Porque una república digna de tal nombre —la república constitucional— exige la libertad política colectiva, la representación directa de la sociedad civil en distritos uninominales y la separación radical de poderes en origen entre el ejecutivo y el legislativo. Eso barrería de inmediato a la casta de parásitos y arribistas que pueblan el Parlamento y las taifas autonómicas.

Lo que escritores como Soto Ivars atisban no es una marcha hacia la libertad, sino la tentación de una «república de partidos». Una republiqueta coronada por un cesarismo plebiscitario, al estilo del colapso moral que en Italia protagonizó Bettino Craxi antes de que la ciénaga de la partitocracia se hundiera en el fango de Mani Pulite.

Sánchez no busca la república para emancipar a la sociedad civil, sino para sustituir la monarquía de partidos por una tiranía de partido sin el estorbo formal del protocolo zarzuelero. Utilizaría el antimonarquismo como banderín de enganche demagógico para polarizar a la sociedad, arrastrando a esa izquierda boba que confunde la forma de Estado con la memoria trágica de la Segunda República, y erigiéndose en el salvador de un régimen putrefacto bajo un nuevo ropaje cesarista.

La almoneda de la soberanía: de Ceuta al desguace territorial

A esta dinámica de supervivencia personal se anuda la cuestión más alarmante: la desvertebración territorial y las presiones exteriores que amenazan la existencia misma de la patria.

En El discurso de la República, García-Trevijano demostró que España no es un «proyecto sugestivo de vida en común», como pretendía la frivolidad elitista de Ortega y Gasset —fórmula huera que luego hizo suya la retórica joseantoniana—, ni un contrato contingente que se pueda disolver en las urnas cada cuarto de hora. España es un hecho de existencia histórica previo y superior a la voluntad de cualquier gobernante o generación particular. No somos españoles por haberlo votado, sino porque pertenecemos a una comunidad forzosa forjada por los siglos.

Sin embargo, para quien concibe el Estado como una franquicia particular, la integridad de la nación carece por completo de valor sagrado. El Estado de las autonomías, ese monstruoso invento con el que Suárez creyó apaciguar a las fieras periféricas dándoles «café para todos», no ha hecho más que incubar diecisiete oligarquías que compiten en desguazar la soberanía nacional.

Cuando el Gobierno central es tan débil que necesita los votos de quienes odian a España para aprobar los presupuestos y mantener la poltrona, el Estado termina subastando trozos de su propia soberanía. Si Sánchez, sometido a presiones inconfesables y a los dictados de potencias extranjeras como Marruecos, se encuentra en la tesitura de claudicar ante el sultán respecto a Ceuta, Melilla y el Sáhara, o de ceder a los separatistas vascos y catalanes la soberanía fiscal y judicial de hecho, lo ejecutará con la fría indiferencia del liquidador de una empresa en quiebra. Para conservar el mando ministerial, entregará lo que no le pertenece.

La ley de Polibio y la sentencia de Saint-Just

Al embarcarse en esta aventura de mutación constitucional de facto, el aventurero confirma de forma implacable la ley histórica de Polibio sobre la degeneración de las formas de poder.

Polibio enseñó que cuando la oligarquía se corrompe y pierde todo límite moral, deviene en oclocracia —el gobierno de la demagogia y las pasiones bajas de la masa azuzada—, abriendo las puertas de par en par a la anarquía o a la tiranía abierta. Si Sánchez toca los goznes del trono creyendo que puede manipular las compuertas de la legalidad a su antojo, provocará fuerzas centrífugas que ni él ni su facción podrán gobernar.

En ese trance se cumplirá la advertencia que el joven Saint-Just lanzó ante la Convención francesa en 1794: «Quienes hacen revoluciones a medias no hacen más que cavar su propia tumba». Jugar a desmantelar la clave de bóveda de la monarquía sin instaurar la democracia formal, dinamitar los equilibrios del 78 para atornillarse en el poder sin sustituir la oligarquía por la libertad política, no es hacer una revolución: es precipitar al país en el abismo de la descomposición civil.

El deber del repúblico: la ruptura democrática

Por tanto, los ciudadanos lúcidos, los verdaderos demócratas y repúblicos, no podemos dejarnos arrastrar por el falso dilema que la propaganda del régimen pretende imponernos. Nuestro deber no consiste en acudir en auxilio del Rey para defenderlo de Sánchez, ni en aplaudir las maniobras del aventurero creyendo ingenuamente que socavar la Corona acerca la libertad.

Ambos términos pertenecen a la misma ciénaga moral. La Corona y los partidos que viven de ella forman un mismo compuesto de falsedad y servidumbre voluntaria. Si el edificio se agrieta por la ambición desmedida de sus propios hijos bastardos, nuestro cometido no es apuntalar las vigas podridas del 78, sino organizar en la sociedad civil la exigencia irreductible de la ruptura democrática.

La solución al problema político de España no está en reformar la Constitución para salvar a la monarquía, ni en abrirla para coronar a una tiranía de partido. La solución exige abrir un período de libertad constituyente, donde el pueblo español, en uso de su libertad política originaria, elija en referéndum previo la forma de Estado y de gobierno, y redacte, a través de una asamblea de representantes elegidos en distritos uninominales por mayoría a doble vuelta, la Constitución de la República Constitucional, fundada en la separación radical de poderes en origen y la representación política de la sociedad civil.

Todo lo demás no pasará de ser la farsa sangrienta de unos tahúres disputándose las cartas marcadas en el puente de mando de un barco que naufraga.